Los peritos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participaron en un operativo en contra de la minería ilegal en Píntag, provincia de Pichincha.

En esa parroquia del oriente de Quito se ubica una de las principales fuentes de material de construcción del Distrito Metropolitano y, pese a que allí existen concesiones autorizadas, hay algunas que no se ajustan a las regulaciones ambientales vigentes.

Durante el operativo desarrollado el 3 de mayo, en el sector “del volcán” se encontró una excavadora, operando de manera ilegal. Más adelante, se halló otra excavadora, una volqueta y un tractor. Los tres vehículos estaban extrayendo material pétreo de forma ilegal. Al ser consultados, los operadores se defendieron diciendo que su trabajo consistía en abrir un camino hacía una concesión legalmente autorizada.

Durante la jornada, algunos mineros de la Cooperativa San Alfonso, intentaron justificar sus operaciones con contratos en los cuales se les otorgaba el permiso para trabajar como mineros artesanales. Sin embargo, sus esfuerzos por demostrar la legalidad de sus acciones fueron vanos, pues en el recorrido se constató que allí no se practica minería artesanal, sino minería de pequeña escala, lo que les obliga a contar con planes estratégicas de remediación y licencias ambientales.

A continuación, el operativo intervino en las tres concesiones en las que trabaja Pedro B., quien presentó un documento habilitante que aparentemente le permitía trabajar en solo una de las tres concesiones, denominada Tenería Uno. En esa zona se inhabilitó una excavadora.

Una vez identificada toda la maquinaria ilegal, se colocaron sellos de suspensión y se inhabilitaron los vehículos, extrayéndoles el cerebro, los mandos de control o la bomba de aceite.

Durante el recorrido los peritos del MAE se encargaron de recopilar pruebas de daños ambientales como pérdida de cobertura vegetal y capa arable, disposición anti técnica de combustibles y aceites, explotación antitécnica de los taludes de la montaña, destrucción de la flora y fauna, cambios geomorfológicos y del paisaje y alteración de quebradas.

Con la información recabada, los peritos elaborarán un informe detallado de los daños ambientales. Estos datos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para la toma de decisiones desde el aspecto administrativo y penal, de ser el caso.

El MAE por su parte activará denuncias para identificar responsables del daño ambiental y judicializará las evidencias recabadas en campo para que se establezcan compensaciones pecuniarias y sanciones a los presuntos responsables de delito ambiental.