Cuatro funcionarios del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) ya cuentan con certificados que los acreditan como peritos ambientales. Las credenciales emitidas por el Consejo de la Judicatura fortalecen el apoyo técnico que el MAE ofrece al trabajo de la Fiscalía en las investigaciones de presuntos delitos ambientales.

Los funcionarios con perfiles de: biólogos, ingenieros en gestión ambiental e ingenieros ambientales colaborarán en las labores de evaluación, valoración y auditoría socioambiental requeridas por la Fiscalía. Además, se espera que en los próximos meses otros siete profesionales del MAE-PRAS, especializados en ramas ambientales y sociales, obtengan sus certificados como peritos ambientales.

Según Raúl Guaña, Coordinador de Minería Ilegal del PRAS, la acreditación emitida por el Consejo de la Judicatura fortalece el proceso de peritaje ambiental, puesto que “si bien en el Ecuador existen peritos ambientales independientes, luego de una revisión que se hizo a la base de datos de peritos de la Función Judicial, se evidenció que no se contaba con suficientes profesionales dedicados a este trabajo”.

Cabe destacar que el MAE ya ha prestado su apoyo técnico a la Fiscalía en la investigación de presuntos delitos ambientales desde mayo de 2012, cuando se creó la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI). Como parte del trabajo de esa Comisión, dos casos localizados en Zamora Chinchipe están en proceso de juzgamiento: Yacuambi y Podocarpus.

En el caso de Yacuambi se halló evidencia de contaminación con metales pesados en el río Tutupali por remoción de sedimentos. De igual forma, el PRAS hizo una evaluación ecológica al constatar que se realizaron actividades mineras (subterránea y aluvial) dentro del Parque Nacional Podocarpus.

Gustavo Mosquera, Gerente General del PRAS asegura que “la gestión de los peritos no se limitará solo a temas relacionados con minería ilegal, sino que se extenderá a las diferentes actividades que pueden atentar contra los Derechos del Buen Vivir y de la Naturaleza, señalados en la Constitución”.

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